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EL MUNDO: “Ada Colau margina de forma “deliberada” a guardias urbanos discapacitados”

Un organismo de ámbito estatal insta al Ayuntamiento a frenar la expulsión de los agentes

elmundoEL MUNDO – JAVIER OMS – Barcelona- 28/03/2016 El Ayuntamiento de Barcelona margina de manera «deliberada» a los agentes de la Guardia Urbana que quedan discapacitados tras resultar lesionados o heridos en acto de servicio. Esa es la denuncia que ha transmitido por escrito a Ada Colau el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), organismo de ámbito español que vela por la aplicación de los derechos de las personas impedidas. En la misma misiva se exige a la alcaldesa de Barcelona que detenga la aplicación de una política local que, aunque heredada de mandatos anteriores, sigue aplicándose bajo su gobierno con «enormes perjuicios» para los afectados.

Según recogen las legislaciones española y de la Unión Europea (UE), además de una resolución aprobada por el Parlament de Catalunya en 2007, los agentes de policía y los bomberos que sufran discapacidades o lesiones de gravedad en el cumplimiento de su trabajo tienen derecho a acogerse, posteriormente, a la conocida como segunda actividad. Una medida que permite, por ejemplo, que los uniformados sean trasladados del trabajo de calle a tareas de despacho, de organización o de investigación y que sí puedan asumir pese a sus lesiones. En Barcelona se omite por completo la segunda oportunidad laboral cuando se trata de miembros del cuerpo policial, según el Cermi.

En una dura carta remitida a Colau el presidente del organismo estatal, Luis Cayo Pérez, asegura acumular «numerosas y sostenidas denuncias y quejas» de agentes de policía que han sido apartados del cuerpo pese a tener derecho a permanecer en la estructura municipal. El Cermi no ahorra adjetivos en su misiva a la hora de definir la situación de los miembros de la Guardia Urbana marginados. «Se trata de una discriminación estructural, deliberada y permanente por razón de discapacidad», sostiene su presidente. También acusa alAyuntamiento de aplicar medidas «contrarias a la legalidad nacional» y permitir unas prácticas que «contienen elementos claramente discriminatorios y lesivos de los derechos humanos» de los agentes discapacitados. La carta fue remitida a Colau el pasado 7 de marzo. El Cermi aún no ha recibido ninguna respuesta.

«Se trata de una discriminación estructural, deliberada y permanente por razón de discapacidad»

Los incumplimientos del Ayuntamiento de Barcelona son también extrapolables a la Generalitat en el caso de los Mossos d’Esquadra que resultan heridos o lesionados mientras realizan trabajo policial. Por el momento, sin embargo, el Cermi ha dirigido únicamente sus reclamaciones por escrito al Consistorio barcelonés. El organismo avalado por el Estado para velar por los derechos de los discapacitados sí especifica que la discriminación, tanto en la capital catalana como en la Generalitat, es resultado de una normativa autonómica incompleta y cuya aplicación supone un «grave problema» para los policías a los que se obliga a entregar placa y pistola. Los agentes se ven primero obligados a abandonar forzosamente el trabajo en la calle y después son apartados del todo.

Para remediar la situación el Cermi reclama a a Colau que promueva entre los partidos políticos con representación en el Parlament «la necesidad de reformar toda la legislación catalana relativa a los miembros de los cuerpos de seguridad». La actual normativa, asume el organismo, es incompatible «con la visión de derechos humanos de las personas con discapacidad». También instan a la alcaldesa a «entablar de modo inmediato un diálogo profundo» con las organizaciones que representan a los funcionarios con discapacidad en busca de «un consenso básico».

No es la primera vez que Barcelona es señalada como ejemplo de vulneración de los derechos de los policías discapacitados. La demostración de mayor carga simbólica llegó en noviembre de 2015 con el caso de Vicenç Flores, un guardia urbano que en 2010 fue expulsado del cuerpo tras sufrir un accidente cuando acudía a una llamada de urgencia por un caso de violencia machista. Cinco años después elComité de Derechos Humanos de la ONU aceptó incluir su caso entre las investigaciones por discriminación. El de Flores y el Ayuntamiento de Barcelona es el primer caso de ámbito español que acaba ante el máximo órgano mundial en defensa de los Derechos Humanos. Su resolución podría suponer, además, una sanción económica al Estado.

La Generalitat también ha sido sancionada económicamente por casos similares que afectan a agentes de los Mossos d’Esquadra heridos o lesionados en acto de servicio. El Departament d’Interior fue condenado a inicios de este año por el TribunalSuperior de Justicia de Catalunya (TSJC) a pagar 10.000 euros a cuatro agentes autonómicos cuya reintegración a segundas actividades se dilató «en exceso». Pese a que la legislación está de su parte, las asociaciones AIL-POLD y AIL-MED de defensa de policías locales y Mossos discapacitados calculan que existen decenas de casos a los que la administración da como única respuesta la exclusión.

*Font: http://www.elmundo.es/cataluna/2016/03/28/56f827f9e2704e7d198b45b1.html

El mundo 28-3-16

About AILPOLD (47 Articles)
L'Associació per la Integració Laboral - Policia Local amb Discapacitats (AILPOLD), defensa la integració laboral amb igualtat i sense discriminació dels policies locals que tinguin una discapacitat sobrevinguda perquè puguin realitzar altres funcions en segones activitats dintre del cos.

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