La carta del CERMI a Ada Colau demanant que cesi la discriminació a policies amb discapacitat

Us fem arribar la duríssima carta que el president del CERMI ha adreçat a l’alcaldessa de Barcelona, Sra. Ada Colau, i de la que encara s’està esperant alguna resposta:

Madrid, 7 de marzo de 2016.

Señora Alcaldesa, estimada amiga:

Me dirijo a Usted en nombre del movimiento social de la discapacidad articulado en torno al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI- http://www.cermi.es), que tiene encomendado por el Estado español oficialmente (1) el seguimiento de la aplicación en este país de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 y firmada y ratificada por el Reino de España.

El motivo de este escrito es instar a su Ajuntament, y en concreto al Área de Gobierno responsable de Seguridad y Policía Local, a aplicar con total convicción los principios, valores y mandatos de la Convención citada en la normativa, decisiones y prácticas que guarden relación con las policías locales dependientes de esa Corporación que adquieren una discapacidad en el desempeño de sus funciones como empleados públicos.

A partir de numerosas y sostenidas denuncias y quejas de miembros de este cuerpo de seguridad, y de sus asociaciones representativas, el CERMI ha investigado la situación de estos empleados públicos con discapacidad y tras un minucioso análisis ha llegado a la conclusión firme de que la legislación, las políticas y las prácticas tanto de la Generalitat de Catalunya como del propio Ajuntament de Barcelona en relación con estos empleados públicos con discapacidad son contrarias a la legalidad nacional, europea y española, pues contienen elementos claramente discriminatorios y lesivos de los derechos humanos de estas personas.

Se trata de una discriminación estructural, deliberada y permanente por razón de discapacidad, que supone vulneración del derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, a la acción positiva y a los ajustes razonables que asisten a toda persona con discapacidad residente en un país cuyo Estado de pertenencia es parte de la Convención supracitada de 13 de diciembre de 2006.

Ante este estado de cosas, como poder público sometido y vinculado por los principios, valores y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, emplazamos a su Ajuntament a:

• Plantear al Parlament de Catalunya la necesidad de reformar toda la legislación catalana relativa a los miembros de cuerpos de seguridad y protección que adquieren una discapacidad en el desempeño de sus funciones, que sea plenamente compatible con la visión de derechos humanos de las personas con discapacidad y que supere el grave problema que Catalunya y Barcelona presentan en esta esfera.

• Cesar, hasta tanto se disponga de esa nueva legislación autonómica respetuosa de los derechos humanos, toda práctica administrativa local que suponga vulneración de derechos de estas personas, que causa enormes perjuicios y lesiona bienes jurídicos dignos de toda protección.

• Entablar de modo inmediato un diálogo profundo y amplio con las asociaciones representativas de miembros con discapacidad de las policías locales de Catalunya, en la que se integran los de Barcelona, para alumbrar un consenso básico, que se plasme en un marco normativo y unas practicas renovados conformes y ajustadas a la Convención de la ONU de 2006. Estas personas y sus entidades representativas han de participar en pie de igualdad con el resto de partes en los foros que el Ajuntament de Barcelona ha puesto o ponga en marcha para examinar y proponer soluciones a los problemas señalados.

En la confianza de que la Corporación que preside tenga en cuenta, asuma y ponga en práctica las demandas contenidas en este escrito, en espera de sus noticias, reciba un atento saludo.

Luis Cayo Pérez Bueno

Presidente
 CERMI

(1) Nombrado formalmente por acuerdo del Consejo Nacional de la Discapacidad en septiembre de 2008, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 33.2 de la Convención. Esta designación se reitero por mandato normativo, en virtud de lo contenido en la Disposición adicional primera del Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.